๐Ÿ”ฅโš–๏ธ ๐—Ÿ๐—” ๐—๐—จ๐—ฆ๐—ง๐—œ๐—–๐—œ๐—” ๐—–๐—œ๐—ฉ๐—œ๐—Ÿ ๐——๐—˜ ๐—๐—œ๐— ๐—˜ฬ๐—ก๐—˜๐—ญ ๐—˜๐—ฆ๐—ง๐—”ฬ ๐—–๐—ข๐—Ÿ๐—”๐—ฃ๐—ฆ๐—”๐——๐—”: ๐—Ÿ๐—œ๐—ง๐—œ๐—š๐—”๐—ก๐—ง๐—˜๐—ฆ ๐—ง๐—ข๐— ๐—”๐—ก ๐—˜๐—Ÿ ๐—๐—จ๐—ญ๐—š๐—”๐——๐—ข ๐—ฌ ๐—”๐—–๐—จ๐—ฆ๐—”๐—ก ๐—œ๐—ก๐—˜๐—ฃ๐—ง๐—œ๐—ง๐—จ๐—— ๐——๐—˜ ๐—Ÿ๐—” ๐—๐—จ๐—˜๐—ญ๐—”

Hoy, martes 20 de octubre, abogados litigantes y ciudadanos entraron a las instalaciones del ๐—๐˜‚๐˜‡๐—ด๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ ๐—–๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐—น ๐— ๐—ถ๐˜…๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฆ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ๐—ฎ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—๐—ถ๐—บ๐—ฒฬ๐—ป๐—ฒ๐˜‡. No fue un acto de improvisaciรณn ni un grito pasajero. Fue la expresiรณn fรญsica de un agotamiento que llevaba meses acumulรกndose entre expedientes detenidos, notificaciones que nunca llegan, oficios que se pierden en el tiempo y resoluciones que parecen no existir. Los mensajes que dejaron en el lugar hablan de falta de profesionalismo, ineficacia y ausencia de personal capacitado. Pero lo que estรก en juego va mucho mรกs allรก de una lista de quejas.

Este juzgado no es una instancia cualquiera. Al ser un tribunal Civil Mixto de Primera Instancia, no solo resuelve conflictos patrimoniales y de รญndole civil. Tambiรฉn conoce de asuntos familiares: custodia de menores, pensiones alimenticias, divorcios, separaciรณn de personas, violencia intrafamiliar y todo aquello que toca el nรบcleo mรกs vulnerable de una comunidad. Cuando ese engranaje se atasca, no se retrasa un nรบmero de expediente: se suspende la vida de familias enteras. Y segรบn quienes hoy decidieron ocupar el edificio, esa parรกlisis tiene nombre y apellido.

La titular del juzgado, la jueza ๐—”๐—ป๐—ฑ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ ๐— ๐—ถ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—–๐—ต๐—ฎ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฉ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ, ha concentrado las crรญticas por una gestiรณn que muchos describen como marcada por la ๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐—ฝ๐˜๐—ถ๐˜๐˜‚๐—ฑ. No se trata de un ataque personal gratuito. Se trata de seรฑalar un patrรณn de retrasos prolongados, de actuaciones que esperan meses y de una sensaciรณn creciente de que la organizaciรณn interna no estรก a la altura de la responsabilidad que implica administrar justicia en la cabecera del Distrito Judicial que integran los municipios de Lรณpez, Coronado y Jimรฉnez.

En 2025, los ciudadanos de Chihuahua participaron por primera vez en la elecciรณn de personas juzgadoras. Se nos dijo que esa era la vรญa para recuperar la legitimidad del Poder Judicial. En Jimรฉnez tambiรฉn se votรณ. Ahora la pregunta resulta inevitable: ยฟquรฉ estรก haciendo quien recibiรณ esa confianza ciudadana para que los asuntos avancen?

La responsabilidad no termina en el despacho de la jueza. Parte sustancial de este deterioro recae tambiรฉn en el Tribunal de Disciplina Judicial, y los magistrados que lo integran, que hasta ahora no ha atendido de manera efectiva las quejas presentadas por litigantes y justiciables. Cuando las denuncias de ineficiencia, retrasos injustificados y falta de respuesta se acumulan sin que exista una revisiรณn seria, el sistema de control interno se convierte en un eslabรณn mรกs de la cadena de omisiones. La disciplina judicial no puede limitarse a existir en el papel. Debe actuar cuando la ciudadanรญa y los profesionales del derecho advierten que un juzgado estรก dejando de funcionar.

El riesgo de mantener esta situaciรณn es profundo. Si las personas que acuden a los tribunales en busca de una resoluciรณn legรญtima encuentran solo demoras, opacidad y silencio institucional, la tentaciรณn de resolver por fuera del sistema crece. En el Distrito Jimรฉnez podrรญa gestarse una crisis jurรญdico-social en la que los ciudadanos, hartos de esperar, empiecen a tomar justicia por propia mano. Eso no serรญa un exceso emocional: serรญa la consecuencia lรณgica de un Estado que deja de garantizar el acceso efectivo a la justicia. Cuando la vรญa institucional se vuelve inรบtil, la convivencia se resquebraja.

No se pide que un juez resuelva a favor de alguien. No se exige saltarse procedimientos ni obtener privilegios. Se demanda algo mucho mรกs bรกsico: que los asuntos se trabajen, que las notificaciones se practiquen, que los oficios se tramiten y que las resoluciones lleguen en tiempos razonables y apegadas a derecho. Si existe exceso de carga, que se atiendan las necesidades de personal. Si hay fallas administrativas, que se corrijan. Si la titular no estรก logrando que el juzgado opere con eficacia, que el รณrgano disciplinario revise de manera transparente y oportuna. Lo que no puede seguir ocurriendo es que el ciudadano cargue con las deficiencias internas de una instituciรณn mientras su vida, su patrimonio o su familia permanecen en suspenso.

La confianza depositada en las urnas no es un cheque en blanco. Tampoco deberรญa convertirse en resignaciรณn colectiva. El Distrito Judicial Jimรฉnez no estรก pidiendo favores. Estรก exigiendo que la justicia se vea, se sienta y llegue a tiempo, especialmente cuando de por medio estรกn los asuntos mรกs delicados de las familias y las cuestiones patrimoniales. La ciudadanรญa ya cumpliรณ su parte en 2025. Ahora le corresponde a quienes recibieron el mandato โ€”empezando por la jueza Andrea Miroslava Chaparro Valencia y continuando por el Tribunal de Disciplina Judicialโ€” demostrar que el cargo no termina el dรญa de la elecciรณn. Ahรญ apenas comienza la verdadera responsabilidad.

Porque cuando la justicia se detiene en lo mรกs รญntimo y urgente, no solo se atrasa un expediente. Se erosiona la confianza pรบblica. Y cuando esa confianza se agota, el riesgo de que las personas busquen soluciones fuera de la ley deja de ser una hipรณtesis lejana. Se convierte en una amenaza real para la paz social de Jimรฉnez.