Si bien, el legislador reconoció que existe un interés legítimo sobre el uso irracional del agua, destacó que la iniciativa no debe avanzar a costa de los derechos adquiridos
Señaló que la propuesta impulsada por la administración federal representa una “aberración” que vulnera garantías fundamentales en el campo mexicano, al considerar que abre la puerta a la incertidumbre jurídica y a posibles afectaciones en la transmisión y protección de derechos de agua, elementos esenciales para el financiamiento y operación de unidades agrícolas.
Según el senador, existen vacíos legales que podrían derivar en lo que definió como una “expropiación de facto” de concesiones, situación que tendría repercusiones en la productividad nacional.
Vázquez destacó que la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas contienen contradicciones y zonas ambiguas que generan un escenario de riesgo para los productores rurales.
Indicó que dichas inconsistencias permitirían interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad, con lo cual los agricultores se verían expuestos a limitaciones en el uso de sus concesiones o incluso a la pérdida del derecho de transmitir el recurso hídrico junto con la tierra.
Asimismo, consideró que esta facultad resulta fundamental para acceder a fuentes de financiamiento y garantizar la continuidad de las actividades rurales.
En ese sentido, sostuvo que es necesario asegurar certeza jurídica para quienes dependen del agua para trabajar, y descartó que la solución a los retos hídricos del país radique en restringir derechos o endurecer controles que afecten la estabilidad económica del campo.
Agregó que el Estado debe evitar imponer medidas que impidan la operación o transmisión de concesiones, pues ello afectaría directamente a agricultores y productores que requieren seguridad legal para planear inversiones y mantener la producción.
El senador también abordó los señalamientos sobre la presunta autorización para entregar recursos hídricos de Chihuahua, los cuales rechazó, al referirse a la postura de la gobernadora Maru Campos, quien —según dijo— ha reiterado su negativa a cualquier esquema que implique comprometer el agua de la entidad.
Asimismo, hizo un llamado para que se escuchen las voces de los productores y se abra un espacio formal de diálogo, donde se analicen alternativas para atender la problemática del manejo del agua sin perjudicar a quienes dependen de ella para sus actividades agrícolas.
