#COLUMNA

Maru no midió las consecuencias

El PAN implosiona

El silencio de Bonilla lo deja entre la espada y Palacio

El PRI venderá más caro su aporte en la alianza

Maru: "peor que Corral"; mandó detener a "su entrañable, su amigo"

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Vaya sismo político el que se registró el fin de semana con la orden de aprehensión contra el exfiscal César Jáuregui. Detrás de esta decisión se advierte un trasfondo político-electoral, con Maru Campos Galván buscando impulsar a su candidato, Santiago de la Peña, un priísta, en detrimento de un panista de toda la vida, con trayectoria y respaldo de las bases.

Parte de lo que se decía es que la intención de Maru Campos era detener a Jáuregui y que le tomaran la fotografía. Sin embargo, no habría medido los alcances de esa decisión ni contemplado que la Fiscalía General de la República también emitiría una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de traición a la patria. Lo que parecía una acción que podía quedarse en el ámbito estatal terminó por abrir un escenario mucho más complicado para la gobernadora.

El dilema es complicado. Si César Jáuregui es liberado, la Federación lo detendrá y lo llevará al Altiplano.

Y ahí, ya señalado como presunto responsable y no como testigo protegido, la situación cambia por completo ¿Qué lealtad puede quedar hacia su exjefa, su amiga de toda la vida y compañera de partido? Si Jáuregui le dice a la Federación que Maru también estaba enterada, las consecuencias podrían alcanzar a la propia gobernadora.

Ese es uno de los escenarios que preocupan en Palacio de Gobierno. Pero la otra posibilidad tampoco resulta sencilla. Si Jáuregui no es liberado, Maru Campos tendrá que enfrentar el descontento de las bases panistas, precisamente porque se trata de un militante de toda la vida, con trayectoria y respaldo dentro del partido. Así, la gobernadora queda atrapada entre la presión de la Federación y el costo político que una decisión contra Jáuregui puede tener dentro de Acción Nacional.

Parte de la lectura política de lo ocurrido es que la llamada Cuarta Transformación no quería atizar más el conflicto ni convertir a Maru Campos en mártir, elevando con ello sus bonos político-electorales. La intención habría sido esperar a que el Gobierno del Estado hiciera el primer movimiento. Y ese movimiento llegó con la orden de aprehensión contra Jáuregui, una decisión que, bajo esta interpretación, terminó por colocar a la gobernadora en una posición complicada.

A todo esto se suma otra pregunta: ¿dónde quedó el consejo de sus asesores estrella, Jordy Herrera, Ernesto Cordero y Diódoro Carrasco? Si Maru Campos no midió los alcances de esta decisión, ¿dónde estuvo la asesoría que debía recibir de ellos? Y si tuvo luz verde de sus asesores, entonces el resultado deja mucho que cuestionar sobre el trabajo que hicieron, sobre todo porque el Gobierno del Estado les paga millones de pesos.

Además, al frente de la Fiscalía General de la República está Ernestina Godoy, muy amiga de Javier Corral. El exgobernador quiere ver a Maru Eugenia Campos Galván tras las rejas, y este caso podría representar una oportunidad para avanzar en ese objetivo, particularmente si Jáuregui aporta información que involucre a la gobernadora.

Así, con esta orden de aprehensión, Maru descarrila de facto a un panista de toda la vida, con trayectoria y apoyo de las bases, mientras busca impulsar a Santiago de la Peña, un priísta.

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Todo pudo comenzar el viernes, a partir de una pregunta que Chihuahua en Directo hizo a Santiago Taboada, secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, durante la rueda de prensa que ofreció en la ciudad de Chihuahua. Se le cuestionó si los aspirantes panistas podían ser descarrilados de sus aspiraciones por una denuncia o algún señalamiento.

La pregunta no era menor. La propia gobernadora Maru Campos ya había adelantado que existía una carpeta de investigación contra César Jáuregui. Ante el cuestionamiento insistente, Taboada reiteró que, sin una sentencia firme, ningún aspirante podía ser apartado de sus aspiraciones. En otras palabras, el partido no le impediría a nadie continuar en el proceso por el simple hecho de enfrentar una denuncia o un señalamiento.

La respuesta fue escuchada por Juan Blanco, exalcalde de Chihuahua, y Luis Villegas Montes, ambos identificados con el grupo de César Jáuregui, quienes estuvieron presentes en la rueda de prensa. Además, le hicieron llegar una carta a Santiago Taboada.

La postura del secretario de Acción Política del CEN le daba margen a Jáuregui para mantener sus aspiraciones y continuar con el trabajo interno, particularmente con los lineamientos que Taboada había ido a establecer, entre ellos el levantamiento de firmas y el reconocimiento ciudadano de los aspirantes. Jáuregui tenía ese trabajo avanzado, mientras que las encuestas del propio Comité Ejecutivo Nacional no colocaban a Santiago de la Peña cerca del primer lugar.

Sin embargo, el sábado se ejecutó una orden de aprehensión que, de acuerdo con esta lectura, el Gobierno del Estado tenía preparada desde tiempo atrás. La acción terminó por descarrilar de inmediato a César Jáuregui de sus aspiraciones, justo cuando debía comenzar a trabajar bajo los lineamientos planteados por el CEN.

Lo dicho por Taboada el viernes pudo ser el principio de los dolores de parto que ahora vive el Partido Acción Nacional. Maru Campos habría actuado a espaldas de la dirigencia nacional, encabezada por Jorge Romero, y del propio Santiago Taboada, quienes no quieren que el partido se vea envuelto en este tipo de problemas y controversias.

La decisión también abre una disputa entre la gobernadora y la dirigencia nacional del PAN. Las acciones de Maru no solo son cuestionadas en el panismo local, sino también a nivel nacional, por la forma en que se desarrollaron los acontecimientos y sus consecuencias para el proceso interno.

Y lo que ocurre en Chihuahua tiene un reflejo en Sonora, donde también se presenta una disputa de PAN contra PAN. Allá, el aspirante que encabezaba las preferencias terminó por irse a Movimiento Ciudadano y, de acuerdo con esta versión, Taboada le pidió que regresara a Acción Nacional al ver que seguía repuntando en las encuestas, pero el candidato se negó. El episodio suma otro problema para el secretario de Acción Política del CEN, que enfrenta dificultades para mantener alineados a los aspirantes panistas en el norte del país.

El problema de fondo es que el PAN está implosionando. En Chihuahua, una gobernadora panista ordenó detener a César Jáuregui, su hombre de mayor confianza, amigo de toda la vida y militante de su partido, en una decisión que termina por sacarlo de la contienda interna y que, bajo esta lectura, favorece a Santiago de la Peña, su secretario general de Gobierno, quien por cierto es priísta. Así, las consecuencias de la detención van más allá del futuro de Jáuregui: también exhiben la fractura interna de Acción Nacional y el costo que puede tener para el partido una disputa que enfrenta a sus propios integrantes.

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Llama la atención el silencio sepulcral que han guardado distintos actores del PAN tras la detención de César Jáuregui. Entre ellos están Daniela Álvarez, presidenta estatal del partido; Marco Bonilla, coordinador estatal de la defensa de la patria y la familia; Alfredo Chávez, coordinador de los diputados del PAN, y Alan Falomir, aspirante a la alcaldía de Chihuahua.

Pero el caso más distintivo es el de Marco Bonilla. Siendo quien busca convertirse en el abanderado del PAN a la gubernatura, su papel tendría que ser el de unir a los panistas, abrazar a los distintos grupos y fijar una postura ante una crisis que sacude a su partido. Sin embargo, hasta ahora no ha publicado un mensaje en Facebook ni ha expresado públicamente su posición sobre lo ocurrido con César Jáuregui.

El dilema para Bonilla no es menor. Si expresa su respaldo a Jáuregui, podría enfrentar el rechazo de Palacio de Gobierno. Si, por el contrario, respalda la acción de la gobernadora, se arriesga a provocar el descontento de las bases panistas que ven en el exfiscal a un militante de trayectoria y cercano a distintos grupos del partido.

Pero ese escenario no justifica el silencio. Al no fijar una postura, Bonilla se expone a ser visto como un político tibio, a la espera de una señal o de que alguien le dicte la línea que debe seguir. No es la primera vez que sus reacciones y declaraciones llegan tarde, después de que transcurren los acontecimientos y finalmente aparece algún video en sus redes sociales.

Y mientras Bonilla guarda silencio, también llaman la atención las pocas voces panistas que han salido a pronunciarse sobre el caso. Daniela Álvarez, Alfredo Chávez, Alan Falomir y los demás aspirantes a la alcaldía no han encontrado, al menos públicamente, las palabras para fijar una posición clara. Contrasta con la valentía que algunos mostraron al acudir al tribunal, entre ellos Mario Vázquez, cercano a la gobernadora, quien aclaró que su presencia fue en calidad de amigo de César Jáuregui.

Aquellos panistas que veían a Jáuregui como parte legítima de la contienda interna, como un militante activo con derecho a competir, ahora parecen medir cada palabra antes de pronunciarse sobre su detención. Una de las excepciones ha sido Rafa Loera, quien difundió un mensaje para aclarar distintos puntos y, entre ellos, fijar su postura sobre el caso.

El silencio de los principales cuadros panistas no es un detalle menor. En medio de una crisis que enfrenta a dos figuras del mismo partido, la ausencia de posicionamientos deja al descubierto la dificultad de Acción Nacional para responder cuando la disputa ya no es contra sus adversarios, sino entre los propios panistas.

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Si antes el PRI ya buscaba asegurar espacios dentro de esa posible coalición, la crisis panista podría elevar sus bonos y, con ello, el precio de lo que pediría a cambio de amarrar una alianza. La disputa interna, las fracturas y la incertidumbre sobre quiénes podrán competir le dan a Domínguez argumentos para exigir más posiciones para su partido.

Uno de esos espacios podría ser el distrito 8, que actualmente ocupa el propio dirigente priista. Domínguez buscaría reelegirse de facto, aunque anteriormente se ha mencionado la posibilidad de que esa posición fuera para Enrique Rascón, quien también tiene origen priista, pero durante la actual administración ha trabajado muy de cerca con la gobernadora Maru Campos en la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas.

Así, mientras el PAN enfrenta las consecuencias de una crisis que golpea su unidad y su proceso interno, el PRI podría encontrar una oportunidad para negociar desde una posición más favorable.

La pregunta es cuánto terminará exigiendo Alejandro Domínguez por una alianza que, en medio de esta implosión panista, podría valerle más de lo que calculaba.

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A Chihuahua en Directo llegó el dato de que Maru Campos y César Jáuregui se iban a reunir, durante la semana que está por iniciar, ante la necesidad de encontrar una salida al conflicto desatado por el caso de Andrea Domínguez Anguiano, exdirectora operativa del Patronato de la Feria de Santa Rita. El asunto ya había alcanzado el ámbito familiar, con señalamientos que involucran al hermano de la gobernadora y al hermano del secretario general de Gobierno, por lo que resultaba imperativo reunirse para intentar resolver una controversia que ha escalado más allá de lo político.

Meter a familiares en este tipo de conflictos resulta perjudicial y dañino, especialmente cuando los señalamientos apuntan a personas cercanas a quienes ocupan los principales cargos del Gobierno. En ese contexto, la necesidad de que Maru y Jáuregui buscaran hablar para encauzar el asunto contrasta con lo ocurrido después, cuando el exfiscal terminó detenido por una decisión que ha provocado una crisis política dentro del propio PAN.

Además, hay un aspecto personal en el caso de César Jáuregui que también merece atención. Quienes lo conocieron durante su paso por la Fiscalía recuerdan que era una persona inquieta, que acostumbraba moverse constantemente y fumar durante su jornada. También se ha hablado de las dificultades que tendría para permanecer durante mucho tiempo en espacios cerrados, una circunstancia que hace más delicada su situación actual.

Maru Campos conoce a Jáuregui desde hace años. Fue su colaborador, compañero de partido, amigo cercano y uno de los personajes que impulsaron su trayectoria política. Por eso, cabe preguntar si la gobernadora tomó en cuenta tanto las circunstancias personales de Jáuregui como el hecho de que ambos tenían previsto reunirse esta semana para tratar de resolver un conflicto que ya había alcanzado el ámbito familiar.

Las acusaciones relacionadas con el operativo de El Pinal deben investigarse y las responsabilidades tendrán que determinarse conforme a la ley. Pero, más allá de la disputa política y judicial, también está la dimensión humana de un proceso que enfrenta alguien cuyas circunstancias personales, según quienes lo conocen, no son ajenas a la gobernadora.

Hoy, sin lugar a dudas, dos frases deben estar resonando en los oídos de la gobernadora. Luis Villegas Montes, abogado de Jáuregui, dijo que “María Eugenia salió peor que Corral, 20 veces peor”. La segunda, aún más hiriente, fue la de su esposa: “Más de un sexenio juntos y Maru haciéndole esto, fue su entrañable, su amigo. Y todo por querer imponer a Santiago De la Peña”.