De regreso a los 70s con la reforma judicial de AMLO: Inversionistas advierten retroceso de 50 años
En los últimos seis años, los inversionistas sabían que contaban al menos con un lugar al que apelar cuando no estaban de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador: los tribunales mexicanos.
Recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando el gobierno amenazó con encarcelar a cualquier persona acusada de fraude fiscal, incluso antes de que se escucharan sus casos. Y de nuevo, cuando AMLO quiso aprobar una ley nacionalista de electricidad.
Ahora, al borde de una drástica reforma del sistema judicial, los inversionistas temen el día en que no tengan a quién dirigir sus peticiones. Y ese día probablemente llegue pronto.
A primera hora del miércoles los senadores aprobaron el proyecto de ley que obliga la elección de jueces por votación popular, en un momento en que el partido de AMLO cuenta con más apoyo público que nunca. Es probable que esto otorgue al partido gobernante Morena el control de los tres poderes del gobierno, lo que, según los miembros de la oposición, elimina el último control y equilibrio sobre la presidencia. El proyecto de ley ahora solo necesitará ser aprobado por las legislaturas estatales antes de ser publicado.
La reforma judicial y su impacto económico
Según los críticos, la reforma al Poder Judicial podría hacer retroceder en 50 años el clima de negocios, cuando la política del país estaba dominada por un sistema unipartidista, el del PRI. En aquel entonces, el poder estaba consolidado en torno al ejecutivo y el partido no escatimaba en reprimir a la oposición. En 1982, el gobierno nacionalizó los bancos México. En ese momento, el petróleo y las telecomunicaciones ya eran algunas de las industrias que estaban mayoritariamente en manos del Estado.
“Habíamos avanzado como país en la democracia de manera importante en que se llevara a cavo esta división de poderes, en que ya no fuera un solo partido político el que tuviera todo el poder”, dijo el lunes José Medina Mora, director del grupo empresarial Coparmex, el entrevista. “Es un regreso al régimen del poder está centralizado en la presidencia; es como volver al México de los setentas”.
Si bien las empresas más pequeñas podrían no verse gravemente afectadas por los cambios en el sistema judicial, las firmas más grandes podrían buscar invertir en otros países sí tienen la opción de llevar su dinero a otro lado. En agosto, Empresas Globales en México, un grupo que incluye a Nestlé, AT&T y MetLife, entre otras, señalaron que el proyecto de ley podría desincentivar la inversión. El grupo instó al gobierno a modificarlo para garantizar la independencia judicial y cumplir con las normas comerciales internacionales.
La Cámara de Diputados ha estado discutiendo otra ley que eliminaría los organismos reguladores independientes, entre ellos la Comisión de Competencia Económica (Cofece), el regulador de telecomunicaciones (IFT) y el regulador de energía (CNH). Si se aprueba en ambas cámaras del Congreso, el trabajo de los reguladores sería absorbido por diferentes secretarías y perderían su presupuesto independiente y su autonomía.
“México ha tenido un deterioro como país en la atracción de inversión extranjera directa”, dijo Medina Mora.
Reformar el Poder Judicial como lo ha propuesto AMLO, señaló, no solo retrasará nuevas inversiones extranjeras sino que las detendrá “directamente”, ya que las corporaciones internacionales tienden a evitar países con un estado de derecho débil.
