Manuel Roberto Farías Laguna volvió a la carga y acusa un trato desigual en las investigaciones de la Fiscalía.
Alejandro Daniel García Ferrel
Manuel Roberto Farías Laguna, señalado por presuntamente formar parte de una red de huachicol fiscal, lanzó un nuevo reclamo contra la Fiscalía General de la República. Desde prisión, el exvicealmirante sostiene que mientras en otros casos de alto perfil las autoridades exigen pruebas sólidas antes de actuar, en su expediente la investigación habría comenzado a partir de un video difundido en redes sociales.
Farías insiste en que no ha tenido acceso completo a la carpeta de investigación y denuncia violaciones a su derecho de defensa. La FGR, sin embargo, lo mantiene bajo proceso dentro de una investigación que derivó en el descubrimiento de una presunta red de contrabando de combustible que habría operado durante años mediante puertos y aduanas del país.
El caso se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al huachicol fiscal. Y ahora el argumento de Farías apunta directamente a una pregunta incómoda para las autoridades: si en algunos expedientes se exige evidencia contundente antes de acusar, ¿por qué en otros basta una sospecha para abrir la puerta a todo un proceso judicial? La respuesta, como suele ocurrir, probablemente terminará decidiéndose en los tribunales y no en las conferencias de prensa.
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