En la mira, 6 alcaldes por deudas irregulares
Chihuahua, Chih.- De acuerdo con los informes de revisión a la Cuenta Pública 2022 realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), existen irregularidades en la contratación de créditos en seis municipios de la entidad que derivaron en observaciones e incluso denuncias.
Por omisiones graves en la contratación de créditos, la ASE presentó demandas penales contra las administraciones municipales salientes de San Francisco del Oro y Rosales, dado que omitieron procedimientos legales. Además, en otros cuatro municipios -Moris, Villa Ahumada, Matachí y Guadalupe y Calvo- han sido observadas irregularidades menores en la adquisición de deuda pública.
El crédito que solicitó Arturo Huerta Luévano, como alcalde de San Francisco del Oro hasta el pasado lunes por la tarde, comprometió el 21 por ciento del presupuesto municipal, pues implicaba pagar a la financiera privada Alderiva de México S.A.P.I, 14.4 millones de pesos, pese a que su gasto era de 69.3 millones de pesos.
De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2022, las irregularidades cometidas por la administración de Huerta Luévano ameritaron la presentación de una denuncia penal, por la cual actuó la Fiscalía Anticorrupción, que al profundizar en las investigaciones determinó los posibles delitos cometidos y solicitó a la justicia una orden de aprehensión la cual fue ejecutada el lunes.
El gobierno que encabezó el exalcalde, militante del Partido del Trabajo, contrató un crédito con la financiera privada, sin sujetarse a los procedimientos debidamente establecidos para ello.
El municipio ubicado en la zona sur del estado, en la región de Parral, tuvo un presupuesto en ese año de 69.3 millones de pesos, destinado en un 90 por ciento al gasto corriente, es decir, a sostener la operación gubernamental; del total de su gasto, un 69 por ciento fue para pagar la nómina.
Para gasto de inversión o de capital, apenas destinó un cuatro por ciento de su presupuesto y para transferencias y ayudas sociales, apenas un seis por ciento.
Con una población de poco más de cinco mil habitantes, según el censo de población más reciente, su gasto público per cápita, resultado de la división de su presupuesto anual entre su cantidad de pobladores, fue de poco más de 13 mil 500 pesos.
Con estos indicadores, el gobierno municipal contrató deuda por casi seis millones de pesos, sin sujetarse a los procedimientos previstos en la Ley de Deuda Pública del Estado de Chihuahua y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios con Alderiva de México, SAPI de C.V, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple/ Entidad No Regulada, una de las financieras que para su actividad no requieren autorización gubernamental.
Sin embargo, la deuda no fue autorizada por las dos terceras partes del Cabildo, el máximo órgano de gobierno del ayuntamiento; además, la administración omitió realizar el registro de la deuda ante el Congreso del Estado por conducto de la ASE y no acreditó la autorización del Legislativo con las dos terceras partes de los diputados.
Tampoco acreditó que la contratación de la deuda se haya realizado bajo las mejores condiciones en el mercado y en los contratos pactados, en contravención a todas las normas, obligó al gobierno municipal a pagar solamente los intereses y no abonar para la amortización del capital.
Otros de los señalamientos que llevaron a la presentación de una denuncia penal de la ASE ante la Fiscalía Anticorrupción y a iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa, fue que la deuda fue destinada a solventar su gasto corriente y que no publicó el saldo y los movimientos de la misma en el Periódico Oficial del Estado (POE) y los periódicos de mayor circulación.
Otra denuncia penal contra un exalcalde, también por irregularidades en la contratación de deuda, es la que obra en contra de Marcial Romualdo Márquez, que el pasado lunes entregó la administración municipal de Rosales y quien pidió un crédito por tres millones de pesos sin la respectiva autorización del Cabildo ni del Congreso del Estado.La administración del panista Marcial Márquez contrató deuda a una tasa fija anual del 10 por ciento, autorizando a la Secretaría de Hacienda para realizar el descuento correspondiente de las Participaciones Federales a través de 18 cargos parciales y consecutivos; por ello, el monto total a pagar ascendió a tres millones 252 mil 248 pesos.
El municipio, con una población de casi 17 mil habitantes, dispuso de un gasto global de 66.2 millones de pesos en el año 2022; el 81 por ciento de su presupuesto fue destinado a la operación gubernamental (nómina, servicios generales y materiales y suministros), mientras que a transferencias y ayudas sociales únicamente destinó el 11 por ciento. Al gasto de inversión destinó el ocho por ciento.De forma similar a lo ocurrido en San Francisco del Oro, omitió el registro de la deuda ante el Congreso por conducto de la ASE; no publicó el saldo y movimientos de la deuda en el Periódico Oficial del Estado y periódicos de mayor circulación y tampoco inscribió la misma en el Registro Público Único correspondiente.
En lo que respecta a los municipios de Moris, Matachí y Guadalupe y Calvo tras la revisión, la ASE emitió sólo recomendaciones, pues al momento de obtener su crédito únicamente se detectó que omitieron la publicación de los saldos y movimientos al término de su ejercicio fiscal, es decir omisiones menores.
En el caso del municipio de Ahumada, también con omisiones leves, las recomendaciones establecidas fueron por la omisión del registro y publicación de deuda conforme a la Ley de Disciplina Financiera.
De acuerdo con información de la ASE, sumados a los anteriores, dentro del proceso actual de fiscalización de la Cuenta Pública 2023, que en estos momentos llevan a cabo los auditores, ya fueron detectados otros dos casos de municipios con irregularidades por la contratación de deuda; sin embargo habrá que esperar la conclusión de las revisiones para conocer a exactitud los resultados y el alcance de las omisiones y las acciones correspondientes.
