MIGRANTICIDIO, LA PEOR TRAGEDIA DEL 2023

LA FUENTE MÓVIL

Sin duda alguna, la peor tragedia que se registró este año 2023 que termina hoy, fue la ocurrida en la cárcel del Instituto Nacional de Migración(INM), mal llamada estación migratoria del puente internacional Lerdo, el 27 de marzo, día en el que 40 migrantes perdieron la vida en un incendio. Por sus dimensiones, la tragedia marcó al gobierno de Lopitosh por su política agachona frente al gobierno de Estados Unidos y también desnudó los sesgos xenófobos del alcalde Cruz Pérez Cuéllar quien semanas atrás con motivo de una manifestación en el puente Internacional Paso del Norte, advirtió que su paciencia se estaba agotando y ordenó a la Policía y Derechos Humanos del Municipio una serie de redadas para retirar a los extranjeros de las calles argumentando molestias a las mujeres, principalmente por acoso. Parte de las víctimas de la tragedia fueron capturadas en estos operativos y permanecía en la estación migratoria detenidas a pesar de no cometer delitos y tratarse de faltas administrativas. La noticia de la tragedia le dio la vuelta al mundo; fue considerada mayor que la masacre permanente que permanece en Juaritos y que comúnmente las autoridades minimizan diciendo que las víctimas peleaban por el cristal o estaban involucradas en el tráfico de indocumentados. Al fin y al cabo es otra tragedia más como los asesinatos de mujeres que revivieron en los 1990s la leyenda negra de la frontera que solo fue opacada por la narcoguerra de Felipe Calderón y actualmente al fenómeno migratorio que es atendido más por presiones de Estados Unidos que por políticas humanitarias del Gobierno de México. Dice la periodista Anabel Fernández en su columna política del 04 de abril que detrás del homicidio en instalaciones del INM en Ciudad Juárez está el “Plan de Migración y Desarrollo En la Frontera Norte y Sur”, implementado por el Gobierno de AMLO desde 2019. Esa política entreguista inició con la arrodillada a Donald Trump y prosiguió con Joe Biden. La más reciente reunión de Lopitosh con el secretario de Estado Antony Blinken revela mucho de lo anterior. Los gringos se fueron contentos y de lo acordado verdaderamente poco se ha dado a conocer. Pero no sería nada extraño un tapón militar en la frontera sur y el recrudecimiento de los controles migratorios cuando en México no es un delito migrar. La mayoría de las víctimas del incendio llegó hasta Ciudad Juárez huyendo de la pobreza, violencia o gobiernos antidemocráticos de Centro y Sudamérica regiones en las que durante más de un siglo Estados Unidos impuso la doctrina Monroe de América para los Americanos e impulso en la llamada guerra fría desde golpes de Estado, guerrillas y movimientos antidemocráticos para que prevaleciera la democracia y no el entonces odiado comunismo. Los tiempos cambiaron y en plena era de la globalización en América se impusieron finalmente regímenes de izquierda, en Venezuela una dictadura y las crisis económicas siguieron iguales que en cualquier época donde el detonante viene del norte y se agudiza o se controla según el manejo del gobernante en turno. Sin embargo la migración fue diferente. Esta vez pueblos completos fueron abandonados y sus pobladores emprendieron un largo viaje hasta llegar a la frontera sur de México. Milea llegaron hasta la frontera de México y Estados Unidos, muchos apoyados por los cárteles de las drogas que incursionaron en el negocio de la trata de personas y contrabando humano y además el secuestro. En su trayecto miles se montaron en la bestia apoyados hasta por personal del INM que los enviaba directo a Juaritos con la información suficiente de que en la puerta 36 Estados Unidos los está recibiendo y procesa sus solicitudes de asilo. Las autoridades migratorias dicen que no, que de esa forma no tienen beneficios. Sin embargo, los migrantes no lo saben. Antes de marzo, cuando llegaron a Juaritos miles y todavía no se abría esa puerta, acamparon en el Río Bravo, pero fueron dispersados por el gobierno de Cruz Pérez Cuéllar. Los migrantes saturan el centro histórico y fueron sacados por la Policía Municipal y Guardia Nacional de hoteles y vecindades donde se alojaban en espera de continuar su viaje. En su desesperación en marzo tomaron el puente internacional Paso del Norte para exigir ser recibidos. La respuesta de Cruz Pérez Cuéllar: Nuestra paciencia se acaba. La frase pareció ser la sentencia de muerte para quienes fueron a parar a la estación migratoria por supuestas faltas administrativas tras ser capturados por la Policía Municipal. Pérez Cuéllar, de Ciudad Juárez, Chihuahua hizo las declaraciones el 13 de marzo ante el cierre del puente internacional que realizaron un grupo de migrantes que intentaron ingresar por la fuerza a Estados Unidos por el puente fronterizo que conecta con Ciudad Juárez. “Nuestro nivel de paciencia se está agotando”, dijo en su conferencia de prensa semanal y en su momento dijo que no hay justificación para dañar a ciudadanos y negocios de Juárez, e incluso señaló que actos como el cierre incluso causa que los migrantes se dañen a sí mismos. “Esa fue una acción (la toma del puente) que no beneficia a nadie, ni a los migrantes, ni a la gente de Juárez y El Paso, ni a las autoridades de ningún nivel de gobierno. Fue un acto irracional y sin sentido”. Dos semanas después, la noche del 27 de marzo, en la estación migratoria permanecen al menos sesenta y ocho hombres y quince mujeres, encerrados tras rejas de barrotes blancos con candados. De pronto, comienza a salir humo de entre las rejas, mientras personal vestido con uniformes del INM y uniforme de camisa blanca caminan tranquilamente por el pasillo sin inmutarse. Uno de ellos no quita la vista de la pantalla de su teléfono, relata Anabel Fernández. Ignorados por el personal, un migrante intenta infructuosamente abrir la reja a patadas. El humo se hace más denso y sobresale el rojo de las llamas. Tras los barrotes, otro migrante se dirige a uno de los guardias, quien lo ignora. La combustión poco a poco consume el oxígeno disponible. La muerte llega en minutos. Cuarenta personas del sexo masculino entre 18 y 51 años de edad mueren intoxicados con humo y con quemaduras. La mayoría, provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador a dónde habrían de volver en ataúdes. Veintiséis resultaron heridos. Del caso hay funcionarios y guardias privados detenidos, el comisionado de Migración Francisco Garduño fue vinculado a proceso por la cárcel ilegal que tenía, pero no hay sentencias ni la justicia ha llegado. El flujo migratorio no se detuvo con la tragedia, tampoco la xenofobia gubernamental.

Creditos: La Opción de Chihuahua